La sociedad que prefiere creer al supuesto delincuente

por Julia Alegre


Me preguntaron hace poco qué pensaba del tema del supuesto acoso laboral y sexual perpetrado por Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, contra su ex secretaria privada. Si creía en las acusaciones vertidas por la abogada Astrid Helena Cristancho o, por el contrario, daba crédito a lo que él argumentaba: su comportamiento está sacado de contexto porque cuando ocurrieron los hechos ambos mantenían una relación de más de un año (“estaba enamorado”, se defendió Otálora). Debe ser que mi opinión como extranjera daba un plus internacional al debate, quién sabe.

Lo paradójico es que el emisor de este cuestionario fue una mujer que, aunque no era capaz de tomar una posición clara al respecto, vacilaba a la hora de dar veracidad a la versión de Cristancho.

Mi respuesta fue clara: antes de emitir un juicio de valor, había que esperar las informaciones que, de seguro, iban a sucederse en los próximos días, como así fue. Lo deplorable es que, junto a ese aluvión de informaciones más o menos coherentes e informativas sobre el tema, se suscitó todo un circo mediático que se ha centrado en desprestigiar a uno de los protagonistas. Y no, al contrario de lo que se pudiera pensar teniendo en cuenta que a una de las partes se le acusa de acoso sexual, la campaña de difamación ha ido dirigida hacia Helena Cristancho.

Para la opinión pública, el hecho que desde septiembre del año pasado varios empleados del funcionario le denunciaran por acoso laboral, no ha sido motivo suficiente para darle el beneficio de la duda a la aboga . Tampoco las conversaciones de chat que el periodista Daniel Coronell sacó a la luz en Semana y en las que se perfila un comportamiento bastante inapropiado de Otálora hacia varias de sus trabajadoras. Al margen de la presunción de inocencia que le protege, lo que roza lo grotesco es que quien acabe siendo víctima de una persecución mediática y pública sea la denunciante de un delito como lo es el acoso sexual en el ámbito laboral.

Una verdadera cacería de brujas que habla más de la sociedad en la que esta se circunscribe que del propio (y supuesto, ojo) delincuente.

Según el Ministerio del Trabajo, en Colombia se registran entre 1.000 y 2.000 denuncias de acoso laboral al año. El Grupo de Equidad Laboral de esta cartera reveló a finales de 2014 que al menos el 13% de los colombianos ha experimentado acoso sexual en su lugar de trabajo, una situación que la directora del grupo definió como “muy común”. En otras palabras, el caso de Cristancho no es aislado.

Fuentes del Ministerio reconocieron en ese momento a medios como El Tiempo y Semana que la impunidad en estos casos es constante, aunque desde 2008 el acoso está tipificado como delito, con penas de uno a tres años de prisión. También hablaron de un “subregistro importante”. Y es que las víctimas, en su mayoría mujeres, no denuncian por miedo a perder su trabajo o recibir represalias.

El debate va más allá del caso puntual de Astrid Helena Cristancho que no deja de ser la punta del iceberg de un problema estructural llamado ‘machismo’. Lo que cabría cuestionarse ahora, dada la coyuntura, es qué se espera de una sociedad que está dispuesta a dinamitar a una supuesta víctima, pero no a cuestionarse el comportamiento inapropiado y delictivo de un supuesto acosador. Más ahora cuando el país está inmerso en un proceso de construcción de paz, reconciliación y justicia.

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